El gobierno creó la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público. La instancia integrada por 12 expertos no contará con un presidente, pero la relación y coordinación con el gobierno será a través del subdirector de racionalización y función pública de la Dirección de Presupuestos, José Ignacio Llorá, quien será el secretario ejecutivo. Tiene 120 días para realizar las propuestas y luego presentarlas al gobierno.
Con la conformación de esta comisión, el Ejecutivo busca generar propuestas técnicas que contribuyan a avanzar hacia un Estado más moderno y una gestión del empleo público acorde con los desafíos actuales del país.
Dentro del trabajo que realice la comisión se espera que reciban propuestas de distintos organismos y actores del debate público. Uno de ellos que ya tiene lista sus propuestas es la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
“El desarrollo de la actividad económica y el bienestar de la ciudadanía requieren un Estado eficiente y confiable, y eso está estrechamente vinculado con el servicio y desempeño del empleo público. Para avanzar en esa dirección se requieren cambios importantes en la forma en que se contrata, evalúa, remunera, promueve y remueve a los funcionarios públicos”, señaló Susana Jiménez, presidenta de la CPC.
La base de la propuesta del gran empresariado está contenida en los documentos “Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile” y “Modernizar el Estado. Una agenda prioritaria de corto plazo”, este último elaborado junto al Centro de Estudios Públicos y el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El diagnóstico que tiene la CPC se organiza en torno al ciclo laboral de un funcionario público, que va del ingreso, desarrollo de carrera y egreso. En esta etapa identificaron los siguientes problemas: “Desigualdad entre regímenes de contratación, baja proporción de concursos abiertos, más allá del Sistema de Alta Dirección Pública, dificultad para atraer perfiles calificados y falta de planificación estratégica de dotaciones”, se desprende del informe.
En la etapa de desarrollo de carrera, menciona como problemas las oportunidades limitadas y discrecionales, sistemas de evaluación de desempeño poco efectivos, capacitación desligada de las necesidades estratégicas y baja movilidad entre servicios.
Y en egreso se ve la inamovilidad de los funcionarios de planta y, por jurisprudencia, en muchos casos también de la contrata, precariedad de los trabajadores a honorarios, ausencia de mecanismos sistemáticos de salida y desvinculaciones ligadas a cambios políticos y judicializadas.
Las propuestas
Una primera propuesta es dividir el actual régimen a contrata, que representa cerca del 55% de la dotación del gobierno central, en dos estamentos: “Un estamento de trabajadores de carrera, homólogo al código del trabajo, con ingreso mediante concursos abiertos y competitivos, un periodo inicial a plazo fijo evaluado antes de acceder a la indefinición tras cinco años, causales de desvinculación objetivas y fundadas, incluido el desempeño deficiente reiterado, y acceso al seguro de cesantía”.
Y un segundo estamento “de confianza política que incluya ingreso directo, remuneraciones acordes al nivel de responsabilidad del cargo, duración ligada al periodo de la autoridad que lo nombra, sin derecho a indemnización al cesar y con un tamaño acotado y definido cada año en la Ley de Presupuestos”.
A eso, la propuesta del gran empresariado establece “el fortalecer el Servicio Civil como una verdadera división de recursos humanos del Estado; formalizar la promoción vía concurso; potenciar la movilidad horizontal entre servicios; extinguir gradualmente los cargos de planta (cerca del 22% del empleo del gobierno central) a medida que queden vacantes; y agilizar los procedimientos disciplinarios ante faltas graves a la probidad o delitos”.
Plantean perfeccionar la evaluación de desempeño con una curva de distribución normal. Una propuesta de medición objetiva de desempeño, por ejemplo, el cese en forma automática cuando el funcionario esté evaluado dos años seguidos en el 5% de desempeño más bajo de la institución.
También poner fin al uso irregular de la contratación a honorarios, reservándola solo para labores esporádicas sin subordinación ni dependencia; realizar estudios de dotaciones óptimas por sector; mejorar el uso de los recursos de capacitación; transparentar la información de recursos humanos del Estado, incluidos los municipios; y revisar las normas sobre negociación colectiva y huelga en el sector público. Sobre este último punto la CPC enfatiza que “hoy están prohibidas, pero en la práctica se ejercen sin resguardos”.
De acuerdo a la CPC, los beneficios de avanzar en la reforma generarían un Estado más eficiente y confiable, que acompañe de mejor manera a la ciudadanía y al desarrollo de la actividad económica. También provocaría un mayor mérito y competencia en el ingreso y la carrera funcionaria, con procesos objetivos de selección, evaluación y promoción y una distinción clara entre los equipos técnicos permanentes y el personal de confianza política, dando estabilidad a quienes ejecutan las políticas públicas.
“Con estas propuestas buscamos aportar al debate que se abre en torno a la reforma del Estatuto Administrativo, insistiendo en que sus objetivos de largo plazo deben ser el mérito, la flexibilidad de gestión compatible con los derechos laborales, la distinción entre funcionarios técnicos y de confianza política, y el término de las formas irregulares de trabajo en el Estado”, subraya Jiménez.
Fuente.Latercera.cl