ANEF convoca a paro por razzia política y despidos en sector público que ya llegan a cerca de 4 mil trabajadores. Parlamentarios hablan de “alta traición” y “masacre” del Gobierno

La asamblea de presidentes  y delegados de la  Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, en respuesta a los despidos masivos y discrecionales  en ministerios y servicios del Estado, además de la vulneración de los acuerdos tomados con los ministros Felipe Larraín y Nicolás Monckeberg,  llamó a un paro nacional para este jueves 6 de diciembre y la realización de manifestaciones públicas en que se interpele a las autoridades de gobierno por estas medidas en función de defender el empleo.

“Entendemos que esta una respuesta que da continuidad plena a nuestra lucha por la estabilidad laboral y por terminar con la razzia que desde marzo a la fecha se ha venido desarrollando desde el gobierno del Presidente Piñera. Hasta octubre de esta año nuestra organización denunció el despido arbitrario, ilegal de más de 2.700 trabajadores y trabajadoras del Estado y durante las últimas dos semanas esa cifra se incrementó en 2.000 despidos adicionales que para agravar la situación vienen a contravenir los acuerdos alcanzados con el gobierno recientemente”, dijo Carlos Insulza, presidente de la ANEF.

Según el dirigente con los despidos se “está poniendo en riesgo la continuidad del servicio público por estas medidas arbitrarias e ilegales del gobierno de Piñera”.

Tras el cierre de la Negociación Colectiva del Sector Público, en que una de las materias centrales planteadas por la ANEF y el conjunto de las 15 organizaciones de la MSP, fue la demanda al gobierno de garantizar un proceso de Renovación de Contratas y de Contratos de Honorarios que asumiera criterios objetivos en su fundamentación por parte de los jefes de servicio, lo que se concretó por medio del Oficio Circular N°21/2018 emitido por el Ministerio de Hacienda, hemos constatado la continuidad de la práctica de despidos arbitrarios, injustificados y masivos en un número importante de servicios y reparticiones públicas.

El catastro parcial que hemos construido hasta la fecha, da cuenta de 2.000 despidos a nivel nacional,  con una fuerte concentración e impacto en:

  1. Ministerio del Interior y servicios dependientes con más de 400 despidos de contrata y sin información sobre la situación de honorarios, completando el despido del 25% de la dotación desde marzo a la fecha.
  2. Ministerio de Educación, con 210 despidos, del total de 400 programados por las autoridades del Ministerio, los que fueron detenidos por la Movilización de ANDIME.
  3. Ministerio de Vivienda, con 200 despidos, cifra que se ha ido ajustando por la acción de nuestras asociaciones afiliadas.
  4. Ministerio de Salud, con 135 despidos notificados a nivel nacional.
  5. Ministerio de Bienes Nacionales, con 42 despidos, incluyendo a 12 funcionarios/as reincorporados por orden de la justicia, que completan un 20% de la dotación despedida desde marzo a la fecha.
  6. Ministerio y Servicio de la Mujer y la Equidad de Género, con 52 despidos, que completan un 27% de la dotación y un 13% despedidos desde marzo a la fecha.
  7. SENCE, con 72 despidos, con lo que se completa el despido del 15% en lo que va del año.

El diputado Gastón Saavedra, sobre este tema, señaló a Cambio21 que “la situación me parece pésima  y absolutamente deplorable. Creo que es una mala práctica del gobierno de mantener estas políticas de exonerar a la gente  sobre todo a final de año. Ya prácticamente ha pasado casi un año de la instalación del gobierno y además, toda vez que se hizo un acuerdo entre la ANEF y el gobierno respecto del aumento salarial y de terminar con los despidos y las prácticas de malos tratos  al interior de los diferentes servicios que componen el aparato público”.

No tendrán votos de la oposición

El miembro precisamente de la comisión Trabajo de la Cámara, añadió que “este incumplimiento y esta forma de abordar las relaciones laborales al interior del sector público es deplorable, rechazable y habla muy mal de un gobierno que lo único que está buscando es instalar sus operadores políticos. Además, fue tan crítico por tantos años, es una inmoralidad y una inconsecuencia, con la Presidenta Bachelet  y todo el equipo que gobernó ese tiempo alegando que el Estado era un botín, en donde estaba plagado de operadores políticos. Hoy día estamos viendo las mismas prácticas de las cuales ellos tanto aspaviento hicieron en su momento”.

Consultado respecto al apoyo que  ha brindado a los trabajadores estatales precisó que “he estado permanentemente con ellos, en todo momento con la ANEF, acá en el Distrito en la región Talcahuano, Concepción y he apoyado los llamados de la ANEF, sus movilizaciones. Hemos concordado algunas acciones ante la Contraloría y los tribunales y siento que va haber un acuerdo político de la oposición en el Congreso para el abordaje de temas en los que el gobierno va a tener que entender, como por ejemplo, la modernización tributaria  o la reforma previsional. Si es que no cambia la forma y su proceder  no va a contar con la oposición  para los trámites legislativos futuros”, aseveró.

En tanto el senador Alejandro Navarro calificó de “alta traición” la actitud del gobierno porque según manifestó a Cambio21 “esperó llegar a un acuerdo con el Presupuesto 2019 y ahora luego de haberlo hecho con la oposición, que tiene mayoría en el Senado,  que podría haber establecido un bloqueo del presupuesto, horas después, con Felipe Larraín comienza una ola de despidos y de presiones para lograr la salida de funcionarios que venían cumpliendo funciones durante 10, 15 o más años. Esto, no solo crea un problema de continuidad en la exigencia de los servicios sino que le instala en el gobierno del Presidente Piñera un elemento, que yo espero la oposición asuma, y es que estamos frente a un gobierno que persigue a los funcionarios públicos, a pesar de que Piñera ha dicho mil veces que su padre fue un funcionario público y él los ha tratado de manera despectiva, brutal e injusta”.

Zafarrancho de la oposición

También dijo que “espero que haya una reacción, yo al menos, dentro de la bancada progresista e independientes espero que tengan un pronunciamiento y creo que lección se aprende una sola vez. Conozco casos en la Región del BíoBío en el Serviu, servicios de Salud en donde se ha presionado a los funcionarios  trasladándolos a zonas remotas, pidiéndoles que les rebajen los grados, para forzar una renuncia. No es solo el término de contrato sino que quienes están también de planta  los están presionando”.

Navarro aseguró que “aquí debe haber un zafarrancho en la oposición  que todavía  no existe, que puede ser este un elemento motivador por cuanto está claro que si no hay defensa de estos funcionarios por la decisión del gobierno, esta oposición cuando se de cuenta puede ser demasiado tarde”.

Por su parte la diputada DC Joanna Pérez denunció las desvinculaciones de 64 trabajadores de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Calificó como la “masacre más grande de despidos en la corta vida de esta subsecretaría”, que hoy está a cargo de la militante RN Katherine Martorell.

La vicepresidenta DC añadió que bajo este contexto “el gobierno deberá hacerse responsable de los efectos que su política de despidos tendrá sobre la economía de las familias chilenas, y de una escalada en la cesantía”.

Por María Cristina Prudant