La audiencia de formalización de los 54 detenidos en el marco de la investigación que desarticuló una presunta organización criminal dedicada al comercio ilegal de recursos hidrobiológicos continúa desarrollándose este martes.
La investigación, liderada por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), permitió establecer la existencia de una estructura que habría operado entre ambas regiones comercializando productos del mar de origen ilícito y cometiendo una serie de delitos asociados, entre ellos lavado de activos, corrupción y falsificación de documentos.
Durante la audiencia, la Fiscalía formalizó cargos por diversos ilícitos. Entre ellos, asociación delictiva respecto de 13 imputados; infracciones reiteradas al artículo 292 inciso segundo de la Ley General de Pesca y Acuicultura contra 35 personas; cohecho respecto de tres imputados, uno de ellos en carácter reiterado; soborno respecto de dos imputados, uno de los cuales además fue formalizado por conducir sin licencia; lavado de activos contra 13 personas; comercio clandestino respecto de 15 imputados; delitos contemplados en el artículo 314 del Código Penal respecto de tres acusados; y tenencia ilegal de arma de fogueo contra dos imputados.
En cuanto a las medidas cautelares, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para siete imputados, mientras que para el resto pidió las medidas de firma mensual y arraigo nacional.
La defensa de una imputada de 90 años de edad, solicitó que no se decretaran medidas cautelares debido a su delicado estado de salud. Según antecedentes expuestos ante el tribunal, la mujer presenta hipertensión crónica, insuficiencia cardíaca, deterioro cognitivo leve a moderado y un tumor mamario en estudio, encontrándose a la espera de una punción. Tras analizar los antecedentes médicos, el tribunal resolvió mantener únicamente la medida cautelar de arraigo nacional, dejando sin efecto la obligación de firma mensual.
Asimismo, se fijó un plazo inicial de investigación de 100 días para continuar reuniendo antecedentes y determinar el grado de participación de cada uno de los imputados.
Cómo operaba una de las estructuras investigadas
Durante la formalización, la Fiscalía detalló el funcionamiento de una de las organizaciones que integraría la red investigada. Según expuso, era liderada por dos imputados que se abastecían de recursos hidrobiológicos en Calbuco para trasladarlos posteriormente a Valdivia, principalmente durante la madrugada.
El fiscal dijo que la estructura contaba con colaboradores permanentes encargados de recaudar el dinero de las ventas y coordinar la distribución de los cargamentos en Valdivia.
Uno de los puntos más graves expuestos en audiencia dice relación con la presunta participación de un funcionario de Carabineros quien desarrolla labores en la Tenencia de Carreteras de Paillaco ubicada en el kilometro 869 de la Ruta 5 Sur. En ese contexto, la Fiscalía expuso textualmente que el imputado “tiene como función alertar directamente a los lideres de la organización de eventuales fiscalizaciones realizadas en ruta, otorgar recomendaciones estratégicas de resguardo y verificación de los trayectos desde la comuna de Calbuco a Valdivia, así como también intervenir a su favor en posibles fiscalizaciones para eludir el actuar policial y acreditar de esta forma la llegada de los cargamentos a destino, recibiendo a cambio parte de los recursos hidrobiológicos comercializados.”
Asimismo, se informó que otras cinco imputadas, valiéndose de sus funciones como cajeras en el peaje troncal de La Unión, habrían prestado colaboración directa al líder de la estructura, entregando información sobre eventuales controles de Carabineros o Sernapesca.
Segunda estructura de la red investigada
La Fiscalía expuso los antecedentes de una segunda estructura dentro de la organización, la que estaría liderada por un imputado encargado de coordinar y tomar decisiones para la adquisición ilegal de recursos hidrobiológicos como merluza, corvina, congrio, pejerrey y locos.
Según lo informado en audiencia, el líder mantenía contacto directo con proveedores en Valdivia, Puerto Montt y Calbuco para la obtención de los productos.
En su exposición, el Ministerio Público explicó que esta estructura “mantiene dos colaboradores directos (2 imputados), ambos con un rol específico y permanente en el tiempo relativo a contribuir en la decisión, conducción de cobertura de carga y descarga de los productos”.
Asimismo, mediante monitoreos telefónicos, la investigación habría permitido establecer la existencia de múltiples proveedores vinculados a la red, entre ellos cuatro imputados: tres comercializadores de alto volumen sin las acreditaciones correspondientes y un pescador artesanal.
La Fiscalía agregó que los productos eran comercializados “sin la correspondiente documentación que acredita su trazabilidad en distintas ciudades de la región”.
En ese contexto, se identificó como principal receptora a una imputada que, además de mantener un lugar de acopio y almacenamiento de las especies, “es parte del eslabón final de la estructura de receptora para la posterior comercialización en dependencias de la Feria Fluvial de Valdivia”.
Madre e hijo lideraban tercera estructura
La investigación también permitió identificar una tercera estructura criminal compuesta por dos imputados, madre e hijo, quienes tendrían un rol de liderazgo en las labores de coordinación, logística y distribución de recursos hidrobiológicos de origen ilegal.
Según expuso la Fiscalía, ambos “mantienen un rol de liderar labores de coordinación y logística manteniendo contacto directo con los proveedores para la dinámica de abastecimiento y posteriormente con los receptores finales para su comercialización”.
Los antecedentes indican que madre e hijo realizaban personalmente los traslados de los cargamentos desde la Región de Los Lagos hasta Valdivia, alternándose las funciones para dar cobertura a los viajes y asegurar la llegada de los productos a destino.
De acuerdo con el Ministerio Público, su mercado objetivo estaba compuesto principalmente por locatarios de la Feria Fluvial y del Mercado Municipal de Valdivia, a quienes abastecían de manera constante. La Fiscalía sostuvo que la estructura entregaba cargamentos “al menos dos veces por semana con cargas promedio de 2.500 a 3.000 kilos”, recursos que posteriormente eran comercializados sin documentación que acreditara su origen legal.
Puntos de venta
Durante la formalización, la Fiscalía detalló el destino que habrían tenido los recursos hidrobiológicos obtenidos por las distintas estructuras investigadas, identificando una extensa red de comercialización que incluía pescaderías, puestos de la Feria Fluvial, locales del Mercado Municipal de Valdivia, restaurantes e incluso compradores fuera de la región.
Según los antecedentes expuestos, una de las imputadas habría recibido de forma constante grandes volúmenes de merluza austral, congrio dorado y otras especies, productos que posteriormente comercializaba en la pescadería “La Familia”. Otra imputada habría sido abastecida con los mismos recursos para su venta en el puesto N°11 de la Feria Fluvial.
La investigación también vincula el abastecimiento de merluza austral, congrio dorado, corvina y otras especies a diversos locales del Mercado Municipal de Valdivia, entre ellos los locales 210, 212, 213 y 214, además de restaurantes como Rincón de los Ríos, la cafetería Donde Emo (local 16) y otros establecimientos de la ciudad.
Asimismo, la Fiscalía sostuvo que productos de origen presuntamente ilegal eran comercializados en la pescadería Beroíza de Los Molinos, el restaurante De La Abuela en Corral, el local Costanera, el food truck La Pesca y distintos puestos de la Feria Fluvial, incluyendo los números 6, 12, 27 y 30.
Los antecedentes también apuntan a la comercialización de recursos a través de sociedades vinculadas a uno de los imputados y a la distribución de merluza austral y congrio dorado en el Terminal Pesquero de Santiago.
Delito de Cohecho
Uno de los antecedentes más graves expuestos durante la formalización corresponde al delito de cohecho atribuido a un funcionario activo de Carabineros que se desempeñaría en la Tenencia de Carreteras de La Unión.
Según la Fiscalía, al menos desde julio de 2024 el imputado habría utilizado su cargo para favorecer de manera reiterada a integrantes de una de las estructuras investigadas, alertándolos sobre fiscalizaciones policiales en ruta y entregándoles recomendaciones para evitar controles durante los traslados de cargamentos desde Calbuco a Valdivia.
A cambio de estas acciones, el funcionario habría recibido parte de los recursos hidrobiológicos comercializados por la organización.
El Ministerio Público sostuvo además que el carabinero no solo proporcionaba información privilegiada, sino que también intervenía directamente cuando miembros de la red eran fiscalizados. Como ejemplo, relató un episodio ocurrido la madrugada del 25 de febrero de 2025 en la Ruta 5 Sur, en la comuna de La Unión.
De acuerdo con la Fiscalía, integrantes de la organización fueron sorprendidos durante un control policial transportando merluza austral sin documentación que acreditara su origen legal en un camión de más de 3.500 kilos, conducido además por una persona que no contaba con la licencia profesional requerida.
En ese contexto, uno de los imputados habría contactado al funcionario policial para solicitar su ayuda. Según el persecutor, el carabinero accedió a intervenir y se comunicó con el funcionario que realizaba el procedimiento para solicitar que no detuviera a los involucrados ni adoptara medidas policiales en su contra.
La Fiscalía sostiene que la gestión tuvo éxito, permitiendo que los ocupantes del vehículo continuaran su trayecto sin detenciones, infracciones ni otras consecuencias legales.
Fuente:rioenlinea.cl