La Corte Suprema le generó un grave problema  al recién asumido Gobierno de Piñera y las necesidades que tenga de remover funcionarios públicos. La Tercera Sala, en fallo dividido, reconoció el “carácter indefinido” de las relaciones contractuales de más de dos años con personal a contrata.

El dictamen nace al amparo de un recurso de protección emitido por un funcionario a contrata de la Superintendencia de Valores, despedido “de manera injusta y sin motivos”, de acuerdo a la resolución, que fue acogido por el máximo tribunal. Allí reconoce que existen restricciones al poner término a los empleos a contrata para personas que han tenido renovaciones por más de dos períodos, y eso se traduce en “relaciones indefinidas por el Estado”.

Ante esa decisión jurídica, la idea de Piñera de “remover la grasa del Estado” como señaló en su campaña, quedará postergada o los ministros, subsecretarios o jefes de servicios del nuevo Gobierno, buscarán fórmulas para despedir de sus trabajos al personal que consideran que no aptos “políticamente”.

Un senador de la actual oposición señaló que esta decisión de la Corte Suprema trae consigo “tranquilidad a los funcionarios a contrata y a los propios honorarios ya que desde el propio Presidente Piñera para abajo dijeron que había que sacar grasa del Estado como calificaron a los funcionarios que no comulgan con sus ideas”.

Ante esta decisión, distintos abogados explican que ahora las autoridades públicas no tendrán libertad para remover o poner fin a los contratos laborales, si no es especificado muy claramente el porqué del despido.

Lo que antes implicaba un simple “se pone término a su contrata por no ser requeridos sus servicios”, hoy significará dictar una resolución detallada para que se explique porqué lo está echando.

Según el abogado Luis Cordero, el fallo es relevante porque es una sentencia que la corte dicta justo en el proceso de que una nueva administración se instala.

Los términos de los contratos de funcionarios públicos en los cambios de administración, explica, “van a judicializarse muchísimo más”.

Para el abogado Francisco Espinoza, esta resolución “obliga al Estado a justificar y acreditar los despidos. No basta por invocarlas. Ahora las entidades públicas tendrán que entregar las justificaciones necesarias para cursar una desvinculación”.

Para el abogado Enrique Evans, esto podría generar un problema para el estado, ya que “una innumerable cantidad de personas podrían ingresar a las filas de los funcionarios públicos del Estado con los costos que implica”.

Este fallo también provocará, agrega la abogada Paulina Miranda, que la comunicación de las renovaciones o despidos de algún funcionario, deba comunicarse apropiadamente en los plazos (30 días antes del 31 de diciembre).

“Si no se cumple esto, podría devengar en problemas para el Estado”, dice. Esto ya que el máximo tribunal reconoció problemas de este tipo frente al despido del funcionario.

Datos del Estado señalan que en 2016 en el aparato público existen cerca de 163 mil funcionarios a contrata. En los dos últimos años del Gobierno de Bachelet esta cifra aumentó ya que se traspasaron cerca de 15 mil trabajadores de honorarios a contrata. O sea, esta cifra es cercana a los 180 mil trabajadores.

Para el ex director del Trabajo Marcelo Albornoz, este fallo marca un precedente donde los funcionarios recurrirán a reclamar a los tribunales por despidos injustificados.

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