La derecha no se cansa ni se aburre de romper con todas las reglas establecidas. Los parlamentarios de Renovación Nacional también ocupan sus horas para, en este caso, crear el caos entre los trabajadores de  la administración pública. No suficiente con  todos los despidos- ya se han concretado 600 por lo menos- hicieron circular por redes sociales un video llamando a los funcionarios a denunciar a sus compañeros que a su juicio, corresponden a la categoría de “operadores políticos”.

¿Sabes cómo identificar a un operador político? Un OP no trabaja para todos porque su pega es hacer activismo para unos pocos en las sombras de los servicios públicos, pero llega a fin de mes a cobrar su sueldo que le pagan todos los chilenos. Denúncialos! #ChaoOperadores. Así escribió la diputada de Renovación Nacional Paulina Núñez.

La presidenta de la CUT Bárbara Figueroa calificó este hecho como “grave” porque existe “una persecución o el rol de sospechosos de los funcionarios públicos”.

En esa línea advirtió “no descartar acciones legales en la defensa del derecho a empleo, el trabajo estable y el derecho al trabajo de aquellos funcionarios que han sido despedidos de forma arbitraria y sin considerar sus méritos ni su tiempo en el aparato público”.

También  en la CUT, según la presidenta, “estamos trabajando una queja ante la OIT, una presentación ante organismos internacionales para denunciar el actuar del gobierno, toda vez, que a este gobierno, al ministro (del Trabajo) le va a corresponder en un tiempo más ser parte del Consejo de Normas y Administración de la OIT. Si nosotros somos  parte de ello, uno se pregunta con qué discurso va a llegar el gobierno ahí. Va a hacer el discurso de hablar de  la grasa del Estado, de que el Estado está lleno de operadores políticos. Si es así nosotros preferimos entonces que el gobierno no participe porque lo va a hacer como esta mala llegada que ha tenido de instalación el gobierno de Sebastián Piñera”.

La dirigente reiteró que “hoy día es más importante estar  presente y es pertinente hacer presentaciones ante organismos internacionales para que también el gobierno entienda que aquí no solo se tiene que medir con la vara del estándar nacional sino que hay estándares internacionales que protegen el trabajo en el sector público y que también tienen que ser respetados”

Del mismo modo, Figueroa precisó que se harán las acciones internacionales “para que quede muy claro y se entere todo el mundo y los organismos internacionales de cómo está actuando el Estado como empleador con los funcionarios públicos”.

“El rol que tienen que jugar los parlamentarios es controlador del Ejecutivo, pero los diputados de RN están  equilibrando la balanza hacia su posición de gobierno y no de control y fiscalización que es lo que les corresponde” manifestó la presidenta de la CUT.

Video cuestionado

Este hecho de promocionar un video fomentando la delación, ha sido criticado por diversas autoridades como la senadora Yasna Provoste quien muy alarmada e impresionada   manifestó “qué terrible esto, no puedo dejar de recordar los tiempos de la dictadura.

Asimismo fue duramente criticado por el secretario general del Partido Radical (PR), Osvaldo Correa, quien calificó esta actitud como “lo más similar a la inquisición”, comparándola con las dictaduras que instalan el soplonaje al interior de la función pública.

“Esto retrata en cuerpo y alma a la derecha inquisidora que es propia de toda dictadura, donde se motiva el soplonaje y se instala el odio en la función pública que no debe tener color político y que está al servicio de todos los chilenos”, aseguró.

El ex ministro José Antonio Gómez (PR) consideró “impresentable” la campaña de diputados RN que llama a denunciar la presencia de “operadores políticos” en el Estado. “Es la forma más abyecta de tratar al sistema público, incentiva el espionaje, la denuncia y la persecución”, dijo el ex timonel.

Claudio Orrego (DC) coincidió en el rechazo, al señalar que ésta “invita a la desconfianza, la delación y la traición de los compañeros de trabajo”.

Loreto Seguel (Evópoli) reconoció no sentirse representada por el “extremismo” de la iniciativa, pero criticó las designaciones políticas de funcionarios en la administración Bachelet.

En ese contexto, la ANEF aseguró que en lo que va del actual Gobierno ya han sido desvinculados más de 600 empleados públicos, sin que se trate de trabajadores de confianza, como se ha  intentado hacer creer, sino de funcionarios de carrera.

Por ello, indicaron que solicitaron una reunión con el presidente Sebastián Piñera y el 11 de mayo se juntarán con el ministro de Hacienda Felipe Larraín.

Equipo Cambio21

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