“Es la clase media la que pertenece a las isapres y las que tienen planes cerrados”, dijo Anita Román.

La presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, reiteró sus cuestionamientos a la objeción de conciencia institucional, la que fue permitida por el Gobierno tras modificar el protocolo de aplicación de la ley que despenaliza el aborto en tres causales, situación que derivó en la interpelación en esta jornada del ministro de Salud, Emilio Santelices.

En conversación con La Historia es Nuestra de Radio Cooperativa, la Dirigenta gremial consideró que por ética las instituciones no pueden declararse objetoras de conciencia y aseguró que las mujeres de clase media son las que se pueden ver más perjudicadas con esta situación en caso de tener que someterse a una interrupción del embarazo.

“Nosotros sabemos porque estamos en la operativa que cuando se instala la objeción de conciencia institucional, que fue la petición que se hizo al tribunal Constitucional viene desde una línea valórica, pero en esa línea valórica nunca se visualiza que las instituciones cobran”, sostuvo Román.

“Aquí viene una segunda arista, en la campaña presidencial siempre se valoró lo desmedrada que estaba la clase media y que se le iba a dar gran fortaleza a la clase media, pero lo paradójico es que es la clase media la que ocupa las instituciones privadas, no es el sector público. Las mujeres más vulnerables son usuarias del sistema público y están cubiertas”, añadió la líder de las matronas.

“Lo que aquí estamos haciendo en la operativa es dejando a la mujer de clase media que tiene un plan cerrado con las isapres no solucionando su problema con quienes hizo un contrato”, enfatizó.

Anita Román recalcó el cuestionamiento ético a la objeción de conciencia, considerando además que estas instituciones, clínicas, lucran con la salud.

“No nos parece que exista objeción de conciencia institucional, las instituciones, éticamente, no pueden tener objeción de conciencia y sobre todo las instituciones privadas que lucran con la salud del país”, indicó.

“Cuando tú acudes a instituciones de corte valórico como puede ser la clínica de la Universidad Católica nadie entra ahí gratis, a todo el mundo le cobran, en ese espacio no hay objeción de conciencia a la hora de cobrar, hay como una contradicción cuando aplico o cuando no aplico la objeción de conciencia”, finalizó.

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