Y todo  por la razzia política y despidos que se llevaron a cabo en los últimos días. ANEF dice que son 4 mil en distintas reparticiones de Gobierno.

La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) confía que se repitan fallos de los Tribunales, ordenando la reincorporación de los funcionarios desvinculados y además que las acciones judiciales sean ganadas por los trabajadores que denuncian los despidos que verdaderamente son razzias políticas como lo ocurrido en INDAP, en el CNTV, en varias subsecretarias y otras oficinas públicas, como lo han denunciado los dirigentes de los empleados fiscales y de la CUT, como el vice presidente Nolberto Díaz.

Si bien el primer paso fue pedir a la Contraloría un pronunciamiento sobre la legalidad de los despidos, cerca de 4 mi despedidos, un segundo paso es que cada uno de los afectados recurra a los tribunales del Trabajo

Los tribunales han sido constantes en declarar injustificados las desvinculaciones de los trabajadores a contrata al no fundamentar el motivo de la medida, y, por lo tanto, ordenando que a algunos se les devuelva su cargo.

Por eso es que si la vía administrativa no prospera, será la judicial, donde a algunos se les ha reconocido la ilegalidad del despido y a otros reparándolos con el pago de las indemnizaciones que corresponda.

Habrá que esperar entonces a lo que resuelva primero la Contraloría tras la presentación de la ANEF y luego las demandas por despido injustificado o, en algunos casos, denunciando derechamente una desvinculación política, como adelantó el gremio respaldado por diputados de oposición

4 mil despedidos: cifra mayor desde la vuelta de la democracia

Más de cuatro mil trabajadores públicos a la calle por razones políticas. Muchos de ellos con años de servicio. Muchos estaban calificados en lista 1, de excelencia. Se avecinan miles de demandas que pagarán todos los chilenos. También un paro del sector en protesta. Desde la DC se anuncia que no se aprobará reajuste de sueldos.

El oficio Circular N° 21, de fecha 28 de noviembre recién pasado, dio inicio a una de las mayores razzias en materia laboral en la Administración Pública de los últimos años y que no se veían desde la dictadura.

El documento firmado por el ministro de Hacienda fue dirigido a los ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y jefes superiores de servicios. En él, bajo la justificación de “una gestión eficiente y de calidad”, se ordenó llevar adelante, de manera particular, el despido de miles de trabajadores a contrata en la administración del Estado.

En plena campaña electoral el candidato Sebastián Piñera advertía al país que “cortaría la grasa” en el sector público. Con el paso de los días precisó sus dichos apuntando a los “operadores políticos”.

Apenas asumido el cargo, comenzaron las primeras muestras de esa política de eliminación de personal de la administración pública. Incluso pidió la renuncia a jefes de servicio que no estaba autorizado a remover, a pesar de que algunos se encontraban seriamente dañados de salud, como el médico y director del ISP Alex Figueroa, hospitalizado por un cáncer. O la periodista Taty Penna, que tiene una grave enfermedad y que igual fue despedida con licencia médica, del Consejo Nacional de Televisión, CNTV, como lo denunció el ex presidente de la Cámara de Diputados e histórico ex presidente de la DC, Gutenberg Martínez.

No ha habido miramientos ni de años de servicios ni de calidad profesional o técnica, ni siquiera por haber sido algunos designados por el sistema Alta Administración Pública. La razzia ha buscado remover con una clara orientación política, de acuerdo con la información que han podido recabar los organismos sindicales y de funcionarios. Se calcula que en solo dos días se notificaron más de tres mil despidos.

Los operadores políticos de la derecha

No ha sido la eficiencia, la razón, tampoco reducir personal por razones de ahorro fiscal. No es así, pues la lista de operadores políticos que han ingresado desde el advenimiento del actual gobierno a la fecha supera con creces la más mínima lógica de ahorro a las arcas públicas.

La cuestión es otra. Piñera busca “capturar” la administración del Estado para favorecer a la derecha. “Los despidos atentan contra el principio de modernización del Estado, pues se mira a éste como un botín por parte del Gobierno”, denunció el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín.

El dirigente advirtió que “no vamos a aceptar estos despidos masivos (…) el que se mire al sector público como un botín para poder acomodar un sector político y perseguir a los de otro”. En la misma línea, la bancada PC-PRO acusó a la administración Piñera de “utilizar los espacios del Estado como un botín político”.

El gobierno miente

Así lo denunciaron desde el Partido Por la Democracia (PPD), donde recordaron que “una vez más el Gobierno falta a la verdad ante la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras. Se dijo que con el cambio de mando los funcionarios públicos podrían estar tranquilos y que su desempeño estaría sujeto a evaluaciones técnicas y objetivas. Sin embargo, se han producido desvinculaciones en varios ministerios y servicios sin razón aparente y totalmente arbitrarias”.

Sin embargo, el actual gobierno ha usado -y abusado- de resquicios legales para eliminar trabajadores públicos, con una clara orientación política.

“Entendemos que los cargos de confianza deben ser renovados, pero se han dado casos dramáticos de hombres y mujeres con muchos años de servicio público, altamente preparados y con buenas calificaciones (en escala 1), que sin razón han sido despedidos; mujeres jefas de hogar que son sustento de sus familias y que hoy se van sin nada; chilenos y chilenas a quienes les quedaba pocos años para jubilar y hoy deberán buscar a su edad nuevas fuentes de ingresos”, sostienen desde el PPD.

El senador socialista Alfonso de Urresti graficó estos abusos en la situación de Indap: “es inadmisible, es inhumano. Se echó a gente que estaba recién operada. Mujeres, gente con más de 18 años. Eso es indigno, no corresponde. Un gobierno no puede hacer eso. Y no nos vengan con la política del empate. Porque eso no se hace. Y se cometieron errores”, reclamó.

“Ustedes prometieron que iban a gobernar con los mejores. Y creo que aquí hay mucha gente que no se merece estos despidos. Han sido indignos. Yo le pido que cumplan la palabra que comprometimos, de estudiar y ver cada una de estas situaciones”, reclamó De Urresti.

En la misma línea, el PPD emplazó a Piñera “y a sus ministros a dar la cara y explicar a la ciudadanía las razones reales de estos despidos, pues no olvidamos que hace poco más de un año el entonces candidato calificaba de ‘grasa del Estado’ a los profesionales, técnicos y administrativos del servicio público”.

Uno de ellos dice relación justamente con el reajuste del sector público. Al respecto, el diputado Gabriel Silber (DC), dijo a Cambio21 que “los despidos tienen un sesgo claramente político y defenderemos la neutralidad de la Administración Pública. Los funcionarios públicos sirven al Estado y no al gobierno de turno. El Estado no puede transformarse en el botín de la administración Piñera. Como bancada, no aprobaremos el reajuste al sector público si no existen claras garantías de respeto a los funcionarios y se pone fin a los despidos y se prohíbe la contratación de operadores políticos”.

El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Carlos Insunza, frente a la ola de despidos que afecta a su sector, realizó una presentación ante la Contraloría General de la República, denunciando las desvinculaciones arbitrarias.

Piñera enfrenta un nuevo temporal

De acuerdo con antecedentes entregados a Cambio21 por algunos jefes de servicio, a cada uno de ellos se les fijó una “cuota” mínima de desvinculaciones y los criterios fueron “que se vayan los que no creen en las políticas que vamos a implementar”. En otras palabras, a los que piensen distinto.

El 30 de noviembre fueron varias las asociaciones de funcionarios públicos que salieron a la calle a protestar. Una de ellas fue la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), dependiente del ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Se vienen líos judiciales de altísimos costos

A diferencia de años pasados, en que los trabajadores públicos, sobre todo a contrata y honorarios estaban bajo la espada de Damocles de ser removidos arbitrariamente, sin más derecho que a agregar la experiencia laboral en sus currículos para buscar un nuevo empleo, hoy pueden recurrir a la justicia, ya sea por intermedio de Recursos de Protección o por vía ordinaria, a través los Juzgados de Letras del Trabajo, para cautelar sus derechos garantizados por la Constitución y la ley.

La feble figura contractual de funcionarios a honorarios y a contrata se ha constituido en un abuso a trabajadores que, de acuerdo con recientes fallos de la Corte Suprema, deben homologarse a trabajadores de planta y, por lo mismo, con similares derechos.

Nuestra Administración Pública contempla cuatro tipos de contratos: de planta, que equivale a un contrato indefinido; a contrata, que equivale al contrato de plazo fijo, (cerca del 60% de los funcionarios públicos); código del trabajo, que se rigen por él mismo y, contrato a honorarios, que tiene un contrato temporal que puede acabarse en cualquier momento, en términos legales.

En noviembre de cada año los funcionarios públicos son evaluados (puede ser semestral, de corresponder). Esto es lo que pasó justamente este 30 de noviembre, en que se evaluó el desempeño de los trabajadores a contrata. Pero los criterios establecidos para tal evaluación dicen relación con aspectos objetivos, uno de ellos la calificación obtenida por el funcionario. En este caso, ese criterio no se aplicó, pues se despidió a trabajadores de escala 1 y 2, que corresponde a funcionarios valiosos para el organismo.

Miles de demandas

La circular del actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, termina con una fatídica frase: “Las presentes instrucciones reemplazan a todas aquellas que se hayan dictado anteriormente sobre la misma materia”. Se refería a la Circular 35, que obligaba a que “las eventuales no renovaciones de las contratas deben estar limitadas sólo a casos debidamente fundados y acreditables sobre la base de que concurran criterios objetivos, que impidan discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de las facultades correspondientes…”. Esto es importante, pues abrió la puerta a estos miles de despidos arbitrarios.

No ha sido el único fallo, otros han establecido además que, si un empleado público es despedido irregularmente o no se les renueva el contrato y lleva más de dos años en alguna repartición estatal, los tribunales pueden reconocer la relación laboral como indefinida. El trabajador de este caso debió ser reincorporado a la repartición gubernamental.

Menudo gastadero de plata se le avecina al gobierno de excelencia, dinero que saldrá del bolsillo de todos los chilenos.

Por Alejandra Garcia S. Cambio21.cl