La mayoría de ellas (15) se produjeron en tribunales de la Región Metropolitana, mientras que cinco se realizaron en Temuco y otras cuatro se hicieron en Valparaíso.

De estos casos, 19 corresponden a mujeres que terminaron su embarazo de forma voluntaria por causales no reguladas, y otras 19 por interrupciones realizadas sin consentimiento.

Según los expertos, la mayoría de estas causas no terminan con penas debido a los antecedentes de las involucradas.

Durante 2023, la Justicia abrió 42 causas penales hacia mujeres que realizaron un aborto sin enmarcarse dentro de las tres causales reguladas por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley IVE), es decir, por fuera de riesgo materno, inviabilidad fetal o violación.

Según detalló La Tercera, de esas causas, 19 corresponden a mujeres que terminaron su embarazo de forma voluntaria por causales no reguladas; otras 19, a interrupciones de embarazo realizadas sin consentimiento; y cuatro a procedimientos hechos por facultativos, es decir, profesionales que realizaron procedimientos que no estaban enmarcados en las tres causales.

Del total, la mayoría de ellas (15) se produjeron en tribunales de la Región Metropolitana, mientras que cinco se realizaron en Temuco y otros cuatro se hicieron en Valparaíso.

La directora de derecho penal de la Universidad Diego Portales, Alejandra Castillo Ara, sostuvo en declaraciones al señalado medio antes citado que «el aborto en sí tiene una baja judicialización, pero eso no dice que el delito no se cometa, sino que las personas que suelen cometerlo probablemente tienen un mejor acceso a cometerlo».

«Por ejemplo, si una persona de muchos recursos se realiza un aborto en el extranjero, no hay cómo perseguir esa causa», agregó la académica.

Por lo tanto, «quienes tienden a tener estas causas por realizarse un aborto voluntario fuera de las causales regulares son personas de bajos recursos. Otro punto es que (…) acuden a un servicio de salud público y el profesional que las atiende suele ser el que las denuncia», señaló.

Respecto a la baja penalización, la directora indicó que «de acuerdo a un estudio que hice hace unos años, el 100% de las personas que estuvieron involucradas en el estudio y que cometieron el delito de aborto son personas que no tienen antecedentes penales, por lo tanto, tenían varias atenuantes y no llegan a cumplir una pena privativa de libertad».

Aquello explica el hecho que, de 49 causas cerradas relacionadas al aborto durante 2023, sólo tres cerraron con una sentencia, entre otros motivos.

Fuente: Cooperativa.cl

 

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