Poco más de diez días han transcurrido desde el cambio de mando que volvió a poner a Sebastián Piñera en La Moneda. Y más allá de la agenda con la que el empresario inició su segunda administración, existe un tema que se transformó en la primera piedra en el zapato para el Ejecutivo: la instalación en el cargo.

Esto por las dificultades que ha tenido el nuevo gobierno para desvincular a los profesionales que fueron contratados en la saliente gestión de Michelle Bachelet, a través del sistema de Alta Dirección Pública, para así reclutar a personal afín a los partidos de Chile Vamos y del propio Presidente.

El motivo principal son los dos fallos emitidos por la Corte Suprema, donde se establece que hay restricciones para poner término a los empleos a contrata para personas que han tenido renovaciones por más de dos períodos, lo que se traduce en “relaciones indefinidas por el Estado”.

En cifras, según un informe del instituto Libertad y Desarrollo, de los 125 servicios de primer nivel jerárquico, 90 fueron sido nombrados en diciembre de 2017 y 57 habían ocupado los mismos puestos transitoria o provisionalmente antes de ser seleccionados por ADP. Por otro lado, 997 cargos de segundo nivel jerárquico que fueron elegidos en el anterior gobierno y, además, entre enero y el 6 de marzo 69 puestos fueron renovados antes de que vencieran sus contratos, de acuerdo a las actas del Consejo de ADP.

Como reacción, la vocera de Palacio, Cecilia Pérez, anunció la aplicación de auditorías en todos los ministerios, mientras que los intendentes de las regiones del Biobío, Los Ríos y Los Lagos, Jorge Ulloa, César Asenjo y Harry Jürgensen, respectivamente, les pidieron la renuncia a los citados profesionales que llegaron vía ADP al gobierno, por cierto, apelando a un “gesto político” que en opinión de las autoridades no se dio cuando Piñera dejó La Moneda y Bachelet inició su labor en marzo de 2014.

“Evaluaciones caso a caso”

Osvaldo Andrade, exdiputado y expresidente del Partido Socialista, fue crítico con la postura que busca adoptar la derecha al señalar a Cambio21 que “el gobierno tiene que respetar los derechos de los trabajadores, sean del sector público o privado. Y lo que hace el gobierno con esta ofensiva es desconocer los derechos laborales”.

“Yo entiendo que el gobierno tiene un conjunto de compromisos con operadores y junto a la gente que estuvo en las campañas parlamentarias y presidencial, pero eso no puede ser a costa de los derechos de los trabajadores. Hemos tenido pronunciamientos explícitos, tanto de la Contraloría como de la Corte Suprema respecto a cómo deben interpretarse las normas laborales en el sector público centralizado y descentralizado. Y el gobierno no puede desconocer aquello”, cuestionó.

“Aquí se ha despedido a gente que tiene licencia y se ha desvinculado a gente con varios años de contrata, incluso más allá del gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, el gobierno no está cumpliendo con su compromiso de velar por los derechos de los trabajadores, sino que está incumpliendo la promesa del propio Mandatario, que dijo que en esta materia los trabajadores del sector públicos debían tener tranquilidad”, agregó.

A juicio del exministro del Trabajo, “si el gobierno quiere operar adecuadamente tendrá que hacer evaluaciones caso a caso y ahí determinará las desvinculaciones que corresponda, pero sobre la base de fundamentos legales, reales e inequívocos”.

“Esta apreciación general de que ‘se tienen que ir porque se tienen que ir’ es la expresión más nítida de un gobierno arbitrario y que desconoce los derechos laborales básicos. El empleo es un derecho, no una gracia ni un gesto dadivoso o caritativo de alguien. Es una contribución que hace un trabajador al progreso del país. Y en consecuencia, si el gobierno estima que un determinado trabajador no cumple con aquello, bueno, que lo haga explícito”, reclamó Andrade.

“Discusión de fondo”

“Las leyes son para cumplirlas”, aseguró a este diario el timonel del Partido Radical, Ernesto Velasco.

“Las personas que han sido parte de la Alta Dirección Pública y que han postulado lo han hecho con leyes que están vigentes. Que hayan entrado en el gobierno de la Presidenta Bachelet corresponde a las reglas del juego. Ahora, si en el mandato actual quieren desvincularlos, tendrán que hacerlo de acuerdo a la normativa legal vigente y al derecho de todo trabajador y toda persona que postula a esas reglas del juego definidas a través de una ley de la república”, explicó.

“Es más honesto que el gobierno de Piñera diga que si quiere tener otro esquema de funcionamiento y desvincular a esos profesionales, que cambie la ley. La Ley es clara y cuando es clara hay un tema de seguridad jurídica para las personas que postularon a estos concursos”, insistió.

El otrora subsecretario y excandidato a diputado expresó también que “aquí falta una discusión de fondo. Un gobierno que tiene un signo político tiene derecho a definir a sus colaboradores que estén comprometidos con su programa en los cargos que son de ADP”.

“Sin embargo, eso no tiene por qué afectar a un profesional y a una persona que ejerce una labor y que tiene una función eminentemente técnica. Es un tema que habrá que discutir y que si se requiere cambiar la ley, se tendrá que modificar. Pero hoy las normas son para cumplirlas”, remató el dirigente.

Por Equipo Cambio21

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