Fuego amigo y empresarial: los días negros que atraviesa la agenda económica de Piñera

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El complejo panorama que atraviesa la Reforma Tributaria del Gobierno no es el único foco de tensión que por estos días enfrenta La Moneda. Desde el propio oficialismo hay parlamentarios de la UDI y RN que han hecho saber en sus partidos la molestia que impera con el poco manejo gubernamental y de los ministros sectoriales –particularmente el titular de Hacienda, Felipe Larraín– con dicho emblemático proyecto. Tras un año de mandato, el prometido auge de los “tiempos mejores” se ha ido diluyendo y ya se instaló un clima de resistencia desde el sector privado, principalmente por el “inminente” cambio en la hoja de ruta de lo que les había señalado la actual administración.

El complejo panorama que atraviesa la Reforma Tributaria del Gobierno no es el único foco de tensión que por estos días enfrenta La Moneda. Desde el propio oficialismo hay parlamentarios de la UDI y RN que han hecho saber en sus partidos la molestia que impera con el poco manejo gubernamental y de los ministros sectoriales –particularmente el titular de Hacienda, Felipe Larraín– con dicho emblemático proyecto. Tras un año de mandato, el prometido auge de los “tiempos mejores” se ha ido diluyendo y ya se instaló un clima de resistencia desde el sector privado, principalmente por el “inminente” cambio en la hoja de ruta de lo que les había señalado la actual administración.

Si bien en La Moneda el diseño original apuntaba a que a estas alturas de marzo la ruta de la Reforma Tributaria –anunciada con bombos y platillos en su momento por el Gobierno– ya estaría meridianamente despejada, incluido el apoyo desde la DC, en estos días en Palacio hay preocupación, porque el panorama es mucho más complejo de lo que imaginaron y nada fácil de revertir. A la esperada resistencia opositora, se ha sumado el ruido desde el oficialismo y la desconfianza del mundo empresarial, un clima que aumenta los nubarrones negros que hay sobre la agenda económica de la administración piñerista.

Efectivamente el rechazo, hasta ahora, de la oposición a la reforma, no es una sorpresa para el Ejecutivo. Dado que la derecha no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso, era sabido que para reformas complejas como esta o la de pensiones, se iba a necesitar “un esfuerzo extra del Gobierno”, como dijeron desde Chile Vamos.

Pero, por estos días, La Moneda enfrenta más de un flanco de críticas, porque desde el propio oficialismo hay parlamentarios de la UDI y RN que han hecho saber en sus partidos la molestia que impera con el poco manejo que ha tenido La Moneda, y los ministros sectoriales –particularmente el titular de Hacienda, Felipe Larraín–, con el proyecto tributario.

En los pasillos del Congreso destacaron esta semana que “el Gobierno ha abusado de la confianza” de las bancadas oficialistas, porque se ha “sentado a negociar con la oposición, sin negociar con nosotros”. Una molestia que ha sido alimentada por el despliegue de proyectos como el control preventivo para menores, de los cuales “no fueron informados las bancadas ni los diputados de las comisiones”, ya que si bien en la derecha dijeron entender la necesidad de La Moneda de marcar pauta y retomar la agenda legislativa tras la encrucijada en que la oposición ha dejado a la Reforma Tributaria, consideraron que “por un mínimo de respeto” el Ejecutivo les debería informar.

Las críticas y molestias habrían sido informadas directamente por el presidente de RN, Mario Desbordes, al comité político de La Moneda.

Pero en la derecha también ha molestado el estilo de gestión y manejo de la información de Larraín y su par de Economía, José Ramón Valente, de quienes criticaron en Chile Vamos que se entienden solo con algunos “alfiles” en las bancadas y han marginado a los parlamentarios en la discusión tributaria y de pensiones. Estos “favoritos” serían los diputados Sofía Cid (RN) y Sebastián Torrealba (RN), quienes estarían cumpliendo el papel que hacía el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, cuando era parlamentario.

Seis días

La Moneda siempre pensó que a estas alturas tendría en el bolsillo los votos necesarios de la DC para aprobar la reforma tributaria y jamás contaron con que dicho partido se cuadraría por completo con el resto de la oposición para no dar paso a su tramitación. No dieron los frutos esperados todas las negociaciones realizadas desde fines del año pasado y durante todo el verano, ni tampoco las constantes visitas a Palacio del timonel democratacristiano, Fuad Chahin.

La desazón que mantiene el sector privado con este segundo paso de Piñera por La Moneda se ha profundizado con ciertos episodios. La semana pasada, el Presidente reconoció –en una entrevista en Radio Duna– que el sector debía abandonar sus ilusiones sobre una baja de impuestos corporativa, mensaje en el que insistió al anunciar la Reforma Tributaria pese a que los líderes empresariales deslizaron, nuevamente, la opción de abrir esa discusión. Este último canje parecía clave, teniendo en cuenta que fueron los gremios los que le echaron leña a la idea de aumentar la recaudación, que es el ítem fundamental para que el Gobierno destrabe su principal ítem en conflicto con la oposición.

Es más, entre finales de enero y principios de febrero, los diputados de oposición de la Comisión de Hacienda, liderada por el diputado DC Pablo Lorenzini, determinaron las “condiciones” para legislar esta reforma, lo que incluyó la elaboración de un documento base de ocho puntos. En dicho texto se estableció no disminuir la recaudación fiscal, la que –según las estimaciones de los expertos consultados por la oposición– disminuiría en un 0,2% del PIB, a pesar de las mejoras que traería la aplicación de la boleta electrónica.

Se planteó, además, que no se aumente la regresividad del sistema, debido a que la mayor parte de los recursos se extraería del IVA “que pagan mayoritariamente los sectores más vulnerables de la sociedad”, mejorar el régimen tributario de las pymes y valorar los avances de la reintegración.

Luego de tres reuniones de la mesa técnica con el Gobierno, los parlamentarios de oposición elaboraron un segundo documento –entregado el 3 de marzo– en el que se sentenció que “en lo sustantivo se mantiene el juicio crítico que teníamos en enero”. Con esa frase se hizo naufragar el intento gubernamental de destrabar el rechazo a la iniciativa: “Tenemos el convencimiento de que esta es una reforma regresiva, que como tal favorece especialmente a las personas de más altos ingresos y que, además, es una reforma que reducirá la recaudación fiscal en régimen”, reza dicho informe.

Después de eso, la estrategia de la oposición ha sido “meter presión” al Gobierno esta semana, ya que Lorenzini advirtió que el próximo miércoles 20 de marzo podría votarse la idea de legislar del proyecto en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Con ese plazo perentorio, La Moneda tiene solo seis días para lograr algún mínimo consenso, que pasa en gran medida por lo que responda a la oposición sobre un nuevo documento que le entregarían hoy al ministro de Hacienda.

De hecho, diversas fuentes de la oposición aseguraron a El Mostrador que todos los diputados y diputadas de las bancadas de oposición, incluida toda la DC sin excepciones, estarían dispuestos a rechazar la idea de legislar si no hay respuesta antes del 20 de marzo.

Una vez que la próxima semana se vote el acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados, la comisión de Hacienda debería quedar presidida este año por el diputado PC Daniel Núñez. En Palacio dijeron que esperan sortear dicha comisión “antes de abril” y, también, antes que el parlamentario comunista –explicaron– adquiera más manejo en la conducción de dicha instancia, lo que ven como un escenario que podría mermar aún más las complejas opciones que hoy tiene la idea de legislar del proyecto tributario.

Tras una reunión entre diputados de la oposición y representantes de las pymes, el diputado Núñez hizo un llamado al Gobierno para que deje de “presionar a través de la prensa e insistir en la rápida votación del proyecto”. Destacó que el Gobierno “debiera tener la mente más fría y una cuota de realismo y, más que hacer amenazas públicas o esa mirada de golpear a la oposición, debe darse cuenta de que tienen que avanzar con la oposición”.

El diputado Giorgio Jackson (RD), que también integra la comisión, destacó que “hasta ahora el Gobierno no ha mostrado de manera concreta cómo espera que esta reforma no sea regresiva ni cómo los sectores de más altos ingresos compensarán los 833 millones de dólares que le cuesta a Chile la reintegración del sistema”.

Desconfianza empresarial

La reforma tributaria no es el único problema que tiene la agenda económica diseñada por La Moneda. Tras un año de gestión de la administración piñerista, el prometido auge de los “tiempos mejore”s se ha ido diluyendo y ya se instaló un clima de resistencia desde el sector privado, principalmente por el “inminente” cambio en la hoja de ruta de lo que les había señalado el Gobierno.

Los últimos días no han contribuido a mejorar el ambiente, como la noticia del cierre de la fábrica de calzados Guante-Gacel y el despido de 283 trabajadores. Más allá de lo previsible que podía ser al interior del sector financiero, aumenta la sensación de “inseguridad laboral” y  las caídas de relevantes proyectos económicos para el Gobierno.

El viernes 8 de marzo, la compañía TcVal anunció que haría eco de una cláusula que le permitía salirse del proyecto del Terminal 2. La firma le atribuyó parte de la culpa a la tramitación ambiental del proyecto, que había tenido varios baches en el Congreso. En la industria se comenta que esta posición es resultado del papelón protagonizado por la Empresa Portuaria de Valparaíso, por las autoridades municipales y del propio Gobierno.

Pese a que los ministros Monckeberg y su par de Transporte, Gloria Hutt, dijeron lamentar la situación, hasta hoy no existe un mea culpa en la materia. Un hecho que dejó los ánimos más que sensibles en la siempre delicada relación entre el gran empresariado y el Ejecutivo.

Esta semana Piñera inició su segundo año de mandato, pero a pesar de los esfuerzos autocomplacientes a la hora de los balances, la agenda económica no logra repuntar. Los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central llamaron a la prudencia en cualquier pronóstico y 60 economistas corrigieron a la baja su proyección del crecimiento, a un 3,4%, para este 2019.

El Gobierno ya había hecho lo propio la semana pasada, cuando, apuntando a los “nubarrones” de la economía internacional, ajustó su pronóstico de crecimiento del PIB de 3,8% a 3,5% para el año en curso.

La desazón que mantiene el sector privado con este segundo paso de Piñera por La Moneda se ha profundizado con ciertos episodios. La semana pasada, el Presidente reconoció –en una entrevista en Radio Duna– que el sector debía abandonar sus ilusiones sobre una baja de impuestos corporativa, mensaje en el que insistió al anunciar la Reforma Tributaria pese a que los líderes empresariales deslizaron, nuevamente, la opción de abrir esa discusión. Este último canje parecía clave, teniendo en cuenta que fueron los gremios los que le echaron leña a la idea de aumentar la recaudación, que es el ítem fundamental para que el Gobierno destrabe su principal ítem en conflicto con la oposición.

Tanto la CPC como la Sofofa señalaron  estar abiertas a apoyar la idea de eliminar ciertas exenciones tributarias, como la renta presunta, pero Bernardo Larraín dijo que era relevante negociar otros aspectos, mientras que Alfonso Swett insistió en la idea de conversar un ajuste de tasa de 25% a 27%.

Con estos antecedentes, la planificación de no sumar mayores incentivos a la agenda económica puede ser un camino peligroso para la relación entre el Gobierno y los empresarios, que ya se ha visto afectada, debido a que el mundo económico ha resaltado que las principales reformas del Ejecutivo no van a cambiar el escenario económico y no modificarán mayormente sus planes de inversión.

En el sector privado, las expectativas de que el año tome “sazón” al menos en lo económico, son muy acotadas. Y en esta área nuevamente reaparece la preocupación por la coordinación de los ministros Larraín y Valente. Hasta ahora, ambos han mostrado pocas sinergias –a pesar de que sus carteras tienen agendas que coinciden en algunos ámbitos–, ya que parecen tener sus propios objetivos y su propia red de relaciones con el mundo privado. Un modus operandi que ha resentido las relaciones entre La Moneda y el gran empresariado