El desfalco que sumaría más de 300 millones de pesos también involucraría a 70 empleados fiscales y de siete jardines infantiles de La Araucanía.

La Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco investiga el fraude al Fisco que involucra a 19 funcionarias de Carabineros de la capital de La Araucanía.

La indagatoria comenzó en el año 2016 a raíz de una denuncia al interior de Carabineros, y según planteó el fiscal Roberto Garrido el método consistía en «simular la concurrencia de niños a jardines infantiles: se cobraba  la subvención correspondiente y se distribuía en partes iguales entre los propietarios de jardines infantiles y funcionarios públicos».

Por ello, también se investiga a más de 70 empleados fiscales y de siete jardines infantiles de La Araucanía, donde junto a funcionarios de Carabineros, habrían configurado el desfalco por un monto superior a los 300 millones de pesos.

Por ahora, se analiza la presentación de querellas y acusaciones donde el Consejo de Defensa del Estado también será interviniente. En tanto, se ha determinado que al menos 22 personas serán llevadas a tribunales en la audiencia de preparación de juicio que se estableció para el próximo 19 de septiembre.

Comunicado de Carabineros

Desde Carabineros emitieron un comunicado al respecto, donde plantearon que «la IX Zona de Carabineros de Chile, acerca de la información entregada por medios de comunicación social, en el contexto de una investigación del Ministerio Público que involucra a funcionarios de la Institución, informa lo siguiente:

El año 2016, sobre la base de información recopilada a través de controles internos, esta Alta Repartición tomó conocimiento de hechos que revestían caracteres de delito, procediendo a las denuncias correspondientes, según lo dispuesto en el Código Procesal Penal, poniendo a disposición del Ministerio Público los antecedentes para colaborar en el proceso investigativo penal.

Asimismo, plantearon que, por otra parte, «se dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en nuestra Ley Orgánica Constitucional, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los involucrados. Finalmente, en el marco del debido proceso administrativo, se adoptarán las medidas que cada caso amerite».

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