El gobierno, claro que no cuenta con mayoría en el Parlamento y que la oposición ya se puso a la defensiva y no está dispuesta a apoyar “cualquier cosa” que les propongan, aplica planes alternativos. Intentar captar parlamentarios en casos puntuales y si no es posible, legislar a través de decretos, al mejor estilo de la dictadura.

Lo han dicho en la derecha de manera expresa, harán todo lo posible por “desmalezar” vía motosierra las Reformas del gobierno de Michelle Bachelet.  Primero invitaron a la oposición entera a actuar “patrióticamente” en grandes acuerdos nacionales, pero solo mostraron los títulos. No se la creyeron. Empezó entonces el plan B, trabajar uno a uno los votos y partidos, selectivamente… no les ha dado mucho resultado, sobre todo en el Senado. Vino el plan C, dictar decretos que les permitieran cumplir el fin de socavar los derechos sociales

Tampoco han renunciado a seguir utilizando al Tribunal Constitucional, mal que mal poseen allí seis de los 10 ministros y les ha resultado. Basta ver la impugnada ley del Sernac o con la reciente autorización al lucro en la educación superior a través de empresas controladoras.

Abortando el aborto

Uno de los primeros decretos con los que se busca anular el efecto de las leyes, debutó en salud. El objetivo, satisfacer el deseo de los más conservadores, casi todos UDI, que buscaban anular la llamada Ley de Aborto en Tres Causales, aprobada en el gobierno anterior y que había incluso sobrevivido en gran parte a los tijeretazos del Tribunal Constitucional. Sin poder modificar la ley la vía fue aplicar el “decretismo”, esta vez mediante un “protocolo” dictado por el ministerio de Salud que le torció la nariz a la legislación, ampliando el derecho de “objeción de conciencia” y de paso aumentando las arcas de las clínicas privadas.

Emilio Santelices, el titular de la cartera, modificó, por vía administrativa, el protocolo de objeción de consciencia de la ley. El nuevo protocolo de la ley de aborto en tres causales elimina un párrafo del documento previo elaborado por la administración de Michelle Bachelet, el cual le impedía declarar objeción de conciencia a instituciones que mantuvieran convenios con el Ministerio de Salud para la atención de pacientes del sector público en las áreas de obstetricia y ginecología. En otras palabras, ahora la institución puede negarse a practicar abortos en las 3 causales pero seguir recibiendo subsidio estatal.

Para la diputada Maite Orsini, de Revolución Democrática (RD), “Se ha vulnerado la democracia porque hay un acuerdo en el Parlamento, donde de manera democrática se legisló para entregar a las mujeres al acceso al aborto en tres causales”. Su colega diputada Natalia Castillo, dijo que “El gobierno borra con el codo lo que se escribió con la mano y está legislando como en los peores tiempos de nuestro país (…) No podemos volver a gobernar por decreto, que lo sepa la UDI, que lo sepa la derecha y que lo sepa Sebastián Piñera. Las leyes se discuten en el Congreso”, señaló en un acalorado discurso frente al ministerio de Salud en los instantes en que se materializaba el protocolo del gobierno.

¿Resquicios legales?

Claudia Pascual, ex ministra de la Mujer, reaccionó frente al mecanismo utilizado por el gobierno señalando que “el cambio está vulnerando parte de la idea matriz que tenía la legislación. Ha sido un cambio que se ha hecho de manera unilateral, sin esperar que la propia justicia se hubiera manifestado cuando dos instituciones presentaron un recurso (…) Aquí no se invitó ni al parlamento, ni a las organizaciones de mujeres, ni a las ex autoridades a conversar”.

Su par, la ex vocera del  gobierno de Bachelet, Paula Narváez dijo que “La ley fue una conquista de un derecho de las mujeres largamente demandado. Es una conquista y esa conquista hay que defenderla. Sin embargo, ya la administración anterior de Piñera nos acostumbró a la letra chica, por lo tanto, las advertencias que estamos haciendo hoy día que es que miremos bien que esta vía administrativa no signifique retroceder en materia del reconocimiento de esos derechos de las mujeres”, sostuvo.

“La objeción de conciencia no puede ser una política que se cambie por el gobierno de turno. Lo que hizo Piñera fue tomar el decreto aprobado en enero, copiar y pegarlo en su mayoría, modificando un par de puntos que posibilita que las clínicas particulares pueden seguir recibiendo aportes estatales, pese a que se nieguen a practicar una interrupción del embarazo. Esto me parece poco serio”, reclamó a su vez la senadora socialista Isabel Allende.

Un grupo de diputados, encabezados por Karol Cariola, Camila Vallejo y Maite Orsini, entre otros, optó por recurrir a la Contraloría General de la República, reclamando en contra del nuevo protocolo de objeción de conciencia en el marco de la ley de aborto en tres causales, que permite, tras el resquicio administrativo  aplicado por el gobierno, a todas las instituciones privadas de salud declararse como objetoras, en virtud de una nueva resolución exenta emanada desde el Ministerio de Salud y seguir recibiendo aportes estatales.

Por Mario López M. Cambio21.

 

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