ana maria soto con dirigentas de labranzaLa consejera regional de La Araucanía, Ana María Soto, denunció que más de 700 familias en situación vulnerable de Temuco, Padre Las Casas y la localidad de Labranza corren serio riesgo de perder el subsidio para la casa propia, por no contar con recursos para adquirir una estufa no contaminante.

Esta situación fue planteada por Ana María Soto durante las reuniones de comisiones del Consejo Regional, donde ejemplificó con el caso de 382 familias de comités habitacionales de Labranza, quienes dijeron no haber sido advertidas que están sujetas al Plan de Descontaminación Temuco- Padre Las Casas, por lo que a través de una normativa del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo les exigió como requisito adquirir un calefactor no contaminante, ya sea a gas o pellet y que tiene un costo aproximado de $800 mil pesos, situación que se repite con postulantes de las dos comunas ya nombradas.

«Estas familias llevan varios años ahorrando para obtener su casa propia. Este ahorro les significó reunir cerca de $500 mil pesos y hoy, a tres meses de las postulaciones al subsidio, deben obtener el otro monto para poder calificar y postular a la casa propia», explicó.

Para la consejera regional, esta situación reviste particular gravedad, pues no solo afecta a las familias de Labranza, sino a comunas de toda La Araucanía donde existen problemas de contaminación, por lo que la cifra total de afectados puede ser mucho mayor y subrayó que para evitar que las familias pierdan su subsidio habitacional a causa de no contar con la estufa, propone que el Estado se haga cargo de este requisito, ya sea aportando directamente mediante un subsidio o exigiendo a las empresas constructoras que las viviendas sean entregadas con los calefactores incluidos.

Carmen Arellano, dirigenta del proyecto Luis Sáez, que contempla la construcción de 382 viviendas en Labranza, aseveró que su proyecto ingresó en diciembre del año pasado al Serviu, pero no ha podido recibir la calificación favorable debido a la declaración de impacto ambiental determinó que es requisito indispensable contar con estufas no contaminantes. «Medioambiente debe entregar una calificación al Serviu para que podamos postular en marzo de 2019 a nuestras nuevas viviendas. Serviu no va a calificar nuestro proyecto si no tenemos las 30 UF que valen estas estufas», sostuvo.

«Llevamos en promedio cuatro o cinco años postulando a la casa propia por intermedio de una Egis. Siempre se nos dijo que teníamos que postular con 20 o en algunos casos 25 Unidades de Fomento y por lo general las familias ahorraron alrededor de $500 mil, pero hace aproximadamente un mes se nos dice que tenemos que tener el dinero para las estufas. Por un tema de plazo, no podemos reunir esa cifra en forma tan rápida. Ahora se nos dijo que si las familias ahorran 15 UF, el Estado les otorga las otras 15, pero reitero, por un tema de tiempo, las familias tienen un plazo de dos meses para reunir un dinero que no se tenía contemplado», manifestó.

PROPUESTAS

Ana María Soto anunció que gestionó que los representantes de las familias afectadas sean recibidos por diversas autoridades, con la finalidad de plantear este problema y analizar posibles soluciones.

La consejera regional puntualizó que existen posibles caminos de solución, como que el intendente lleve el tema al Core para gestionar los recursos necesarios o bien solicitar a nivel de ministerios que se implementen políticas públicas que permitan solucionar este problema, el que a su juicio, distorsiona los montos con que hoy en día las familias chilenas deben postular a una vivienda social, ya que si bien se les informa sobre un requerimiento de ahorro para obtener la casa, tal como ocurrió en este caso, posteriormente se encuentran con una nueva exigencia obligatoria, esta vez de dinero para calefactores.

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