Ignacio Urrutia calificó como “terroristas” a víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la petición de desafuero contra el diputado Ignacio Urrutia (UDI) luego de que éste calificara como terroristas a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Los dichos del parlamentario se produjeron luego de que el Gobierno anunciara que retiraba de tramitación un proyecto que dejó la administración Bachelet para entregar una reparación económica de tres millones de pesos a presos políticos reconocidos como tales por las comisiones Valech I y II.

El proyecto en cuestión -que había sido aprobado por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja- fue considerado “nefasto” por Urrutia, quien alegó que “es como la décima vez que se entregan estos regalitos a gente que, en el fondo, más que exiliados, fueron terroristas en el pasado”.

Sus palabras generaron revuelo en la sala de la Cámara Baja e incluso la diputada Pamela Jiles (PH), ex presa política, se acercó para encararlo, lo que le fue impedido por otros parlamentarios oficialistas, pese a lo cual le gritó “enfermo” a Urrutia.

El tribunal de alzada porteño estableció que “existen en el proceso antecedentes suficientes para establecer que el honorable diputado don Ignacio Urrutia Bonilla habría vertido los dichos que se le reprochan, a través de medios de comunicación social”.

A esto la corte añade que “los hechos descritos pueden ser razonablemente calificados, en esta etapa procesal, como el delito de injurias graves”.

Al respecto, la abogada recurrente, Angélica González, explicó que “según él, a nosotros se nos han dado beneficios parecidos, o sea, que radican en una ley similar a esta, aproximadamente 10 veces”.

“¿Qué es lo que hizo creer al país?, que nosotros estamos lucrando con una condición de víctimas, pero no solamente eso, sino que lo más grave es que el diputado equiparó con la palabras ‘aguinaldo y regalito’ a un hecho de efectividad en las torturas que ocurrieron en este país. Yo creo que el diputado Urrutia no tiene la capacidad de pedir disculpas públicas”, añadió la profesional.

Macaya por desafuero de Urrutia: Esto no es diplomacia, es política

Por su parte, el jefe de bancada de diputados UDI, Javier Macaya, se refirió a la aprobación del desafuero del diputado Urrutia, asegurando que “si esto llega a ser confirmado, hay que reconsiderar la manera en que se da el debate parlamentario en Chile”.

“Uno podrá estar en desacuerdo -podrá considerar como imprudentes las declaraciones de Urrutia, que de hecho fue criticado por nosotros- pero otra cosa es cambiar las reglas del juego que están establecidas en la Constitución respecto de la inviolabilidad de las opiniones que realizan los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones”, dijo.

“Más allá que uno pueda estar en desacuerdo con el tono y la forma de las declaraciones de Urrutia, éstas fueron dadas en el marco de su trabajo parlamentario y dentro del hemiciclo, donde obviamente las opiniones parlamentarias están sujetas a esta especial protección porque se trata de opiniones políticas”, agregó Macaya.

“Yo recuerdo un montón de opiniones políticas de distintas personas que han tratado de delincuentes a distintos actores políticos, como la diputada Carmen Hertz, quien trató de violadores de Derechos Humanos a prácticamente a todas las FF.AA”, añadió el parlamentario.

“En el contexto y en el fragor del debate político, muchas veces se dan opiniones que no son las más adecuadas ni en el tono más diplomático pero no estamos haciendo diplomacia, estamos haciendo política”, aseveró.

Por último, el diputado concluyó que “hay opiniones que muchas veces son duras y si este fallo finalmente va en esa línea, en el Parlamento tendremos que revisar las formas en que se da el debate político y revisar el cumplimiento que tienen la norma del artículo 61 de la constitución”.

En tanto, Juan Carlos Manríquez, abogado del diputado Urrutia, aseveró que “no se trata de una persona específica y determinada a la cual le haya dicho ‘usted ejerció tal o cual acto de terrorismo’. Eso constituye a mi modo de ver un error interpretativo de la Corte. La sanción es el llamado a la orden que aplicó el presidente y ahí se agota la facultad de castigo cuando se trata de expresiones incontenidas de los diputados y senadores en el ejercicio de su cargo”.

“Aquí lo que hay es, ante todo, una pugna política de actores políticos en un contexto político y lo que la Constitución no quiere es que a los políticos se les intimide por sus opiniones, del lado que sean para intentar torcer sus votos o dejar a sus representados sin representantes en el Congreso. Yo creo que más que exagerar, la Corte de Apelaciones está cometiendo un error al interpretar la ley”, remarcó.

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