contraloria frontisDefensa de la trabajadora señaló que «se pretende encubrir una persecución en contra de mi representada por ser denunciante de actos de corrupción».

La funcionaria de la Contraloría General de la República que denunció a sus compañeros con los que trabajaba en Kenia de haber ido a un safari en horario laboral acusó al contralor Jorge Bermúdez por «actuar arbitrario e ilegal», tras removerla de su cargo sin razón alguna.

Macarena Martínez perteneció hasta el 27 de diciembre al «Team Leader en el Departamento de Auditoría Externa-Junta de Auditores de las Naciones Unidas de la Contraloría General», puesto que ostentó hasta que fue removida y trasladada a la 2ª Contraloría Regional Metropolitana.

La funcionaria presentó un recurso de protección a su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, donde alertó del «actuar arbitrario e ilegal» de Bermúdez. El abogado que elaboró el libelo, Francisco Zambrano acusó que «se pretende encubrir una persecución en contra de mi representada por ser denunciante de actos de corrupción ocurridos dentro de la Contraloría General de la República».

Martínez fue conocida por denunciar a Cristel Bustos, Aracelli Ahumada, María Francisca del Fierro, y Alejandro Valenzuela, quienes realizaron un safari en Naoirobi en agosto pasado, presuntamente en horario laboral. En teoría, los trabajadores se encuentran en el país auditando financieramente los fondos que se emplean en programas humanitarios de la ONU, tarea por la cual devengan US$30 mil de viátcos.

El recurso se basa en que Bermúdez habría infringido el estatuto administrativo, que prohíbe cambiar de función al funcionario público que denuncie algún acto de corrupción o falta a la probidad. «Constituye una desviación de poder para hacer sufrir consecuencias a mi representada por su actuación debida, legítima y lícita» concluye el recurso.

La afectada no sólo denunció las presuntas irregularidades en el safari de sus colegas, sino que también reveló que otro funcionario de la Contraloría destinado a Nueva York para fiscalizar las misiones de la ONU no contaría con las capacidades profesionales para desarrollar su labor.

Desde Contraloría aseguraron que aún no han sido notificados del recurso. «Sin perjuicio de lo anterior, la funcionaria está amparada por el artículo 90 A del Estatuto Administrativo, que prohíbe reubicar a funcionarios que denuncien hechos potencialmente constitutivos de infracción al principio de probidad administrativa mientras dure la investigación respecto de los antecedentes que ella puso a disposición».

Asimismo, aseguraron que «en cuanto se tomó conocimiento de la situación, el secretario general dejó sin efecto la medida adoptada que, en todo caso, no fue materializa por encontrarse la funcionaria con licencia médica».

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