Fue detenido en Mar del Plata por la Policía Federal Argentina Sergio Jara Arancibia, ex coronel de Ejercito durante la dictadura de Augusto Pinochet. El ex alto mando estaba prófugo de la justicia hace un año y tenía en curso una orden de captura internacional.

El ex militar era considerado como uno de “los prófugos más buscados en Chile” y en la actualidad es acusado por un gran número de homicidios ocurridos durante la dictadura. Hasta el momento, la Corte Suprema sólo ha confirmado la condena por dos de sus asesinatos: a un médico y a un funcionario de gobierno.

Los medios argentinos relatan que el hallazgo del prófugo fue posible luego de investigar a su hijo. “La información recolectada permitió identificar a su hijo y hacer un seguimiento controlado sobre sus movimientos”, explicó el ministerio. Jara fue encontrado en la intersección de las calles 25 de Mayo y San Juan, en Mar del Plata, Buenos Aires.

Los fusilaron en la calle

La Corte Suprema había confirmado el año pasado las condenas a prisión de cinco personas, tanto militares como civiles, por el asesinato de un médico y un funcionario público opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, crímenes cometidos en diciembre de 1973.

En un fallo unánime, la II Sala Penal del máximo tribunal chileno condenó a diez años y un día de prisión al general retirado Héctor Orozco Sepúlveda (entonces con grado de Coronel era el jefe militar de la Zona de San Felipe y Los Andes y también se había auto designado Fiscal Militar) y a los exoficiales Sergio Jara Arancibia y Pedro Lovera Betancourt, como autores de la muerte de Rigoberto Achú Liendo y Absalón Wegner Millar.

Orozco es hermano del doctor René Orozco, ex presidente del club de la Universidad de Chile y está detenido en Punta Peuco por otro crimen. Es el preso que tiene más edad en las cárceles chilenas: Tiene 90 años.

También fueron condenados a cinco años y un día de prisión a Raúl Navarro Quintana y Milton Núñez Hidalgo como cómplices del delito, en un dictamen que confirma el fallo de primera instancia del juez especial Jaime Arancibia.

Raúl Navarro era el médico del regimiento militar de San Felipe, ciudad en la que ocurrieron los crímenes.

Según el expediente, Rigoberto Achú, dirigente del Partido Socialista y jefe de Desarrollo Social de la ciudad de San Felipe, situada 95 kilómetros al noreste de Santiago, fue detenido en septiembre de 1973.

Por su parte, Absalón Wegner, director de Salud de la misma localidad y director de un hospital siquiátrico de la zona, fue detenido noviembre del mismo año.

En diciembre ambos fueron acusados de tener armas ocultas. Fueron sacados de la cárcel y trasladados al regimiento de la ciudad, supuestamente para ser interrogados por un fiscal militar.

Al cabo de una horas se dispuso que fueran devueltos a la cárcel, situada a sólo tres cuadras de distancia, pero cuando estaban a unos 40 metros de la prisión fueron acribillados por la espalda, según testigos.

El Ejército afirmó entonces que habían intentado fugarse aprovechando un desperfecto del vehículo en que eran trasladados, lo que fue desmentido por testigos.

La Comisión Rettig, que en 1991 certificó las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Pinochet, consideró “inverosímil” la versión dadas las condiciones en que se efectuaba el traslado.

Se estableció que Rigoberto Achú se encontraba en muy mal estado de salud a causa de las torturas sistemáticas que se le aplicaron desde el 12 de septiembre, cuando fue detenido, y por lo cual no podía vestirse, comer ni moverse coordinadamente.

En cuanto a Wegner, se comprobó que nunca intentó eludir a las autoridades militares. Tras el golpe de Estado de Pinochet el 11 de septiembre, permaneció detenido un día y tras ser puesto en libertad, continuó viviendo en la zona.

Los mataron por la espalda y luego les dispararon en la cabeza

La versión de los militares -que era ultra común en esa época- decía que los detenidos “intentaron huir”. Todas esas informaciones resultaron absolutamente falsas, tanto por relato de otros testigos como posteriormente de los propios militares que mintieron en esa época.

El informe de los militares dice que tanto Wegner como Achú estaban siendo custodiados por dos conscriptos y dos oficiales. Rigoberto Achú Liendo intentó violentar a uno de los conscriptos sujetándole el arma de servicio, ante lo cual éste echó pie atrás y descerrajó varios tiros, muriendo Achú Liendo en forma instantánea. En tales circunstancias, a la vez, intentó huir el doctor Absalón Wegner, por lo cual también el dispositivo militar debió hacer fuego, muriendo el detenido en forma instantánea.”

Esa versión fue desmentida absolutamente por los propios militares años después, fundamentalmente conscriptos. Testigos que prestaron declaración en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, sostienen que efectivamente  Wegner y Achú murieron en las inmediaciones de la cárcel en calle Molina; “cuando caminaban de regreso de la Fiscalía, efectivos militares dispararon una ráfaga de metralleta en contra de las víctimas produciéndoles la muerte a causa de las mortales heridas que recibieron en los pulmones y corazón. Luego de dispararles los militares se acercaron a los cuerpos de las víctimas procediendo a darles un disparo de gracia, para tomar los cadáveres y subirlos a un vehículo militar, mientras personal de Gendarmería limpiaba la acera donde habían sido fusiladas las víctimas.” Los testigos señalan que uno de los que fusiló a los dos opositores a la dictadura fue el hoy detenido en Argentina, Sergio Jara Arancibia.

Los mismos testigos y los antecedentes que investigó el Ministro en Visita, sostienen que los agentes militares involucrados pertenecían al denominado “Comando de la Muerte”, el cual estaba conformado por el Doctor Raúl Navarro, oficial de Sanidad a cargo de la unidad, el Suboficial Milton Núñez Hidalgo, el Suboficial Mayor Roberto Machuca, el Teniente  Sergio Jara Arancibia, (que fue detenido este domingo en Argentina) el Teniente Pedro  Lovera Betancourt, un soldado reservista de apellido Espinoza, y un conscripto de Apellido Bañados, este último involucrado en otros casos de derechos humanos en Santiago, el cual hace uno años terminó suicidándose.

Por Alfredo Peña R..- Cambio21

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