Comisión de Tierras de Conadi desdice a su director: “Lo de Ubilla es ilegal»

La única instancia que recoge la representatividad de los pueblos indígenas en la institucionalidad estatal indígena, desafía a la autoridad de la Conadi al solicitar un informe escrito y fundado respecto del supuesto carácter no indígena de los predios del subsecretario. Así lo había afirmado el director subrogante, Fernando Sáez respecto a estos terrenos, que están en la mitad de la comunidad mapuche Mariano Millahual en Pucón.

Durante el lunes pasado, el director subrogante de la Conadi, Fernando Sáenz, aseguró que los terrenos comprados por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, al interior de una comunidad mapuche en Pucón, no eran tierras indígenas. Por lo tanto no había ilegalidad en la transacción, a su juicio.

Pero su afirmación fue cuestionada rápidamente desde la misma institución. Durante este martes, la Comisión de Tierras del Consejo Nacional de la Conadi sesionó y pactó dos acuerdos en torno al caso de Ubilla, los que apuntan a que se investiguen las irregularidades.

El presidente de la instancia, José Millaquén, explicó a INTERFERENCIA que la primera medida que solicitaron es que este jueves, durante la sesión del Consejo Nacional, la Fiscalía Nacional de la Conadi entregue un informe que acredite la afirmación hecha por Sáenz respecto del carácter de las tierras de Ubilla.

Esto se puede leer como un desafío de la Comisión de Tierras a la autoridad de la Conadi, la que no comparte la visión de Sáez, pues una afirmación así debilitaría toda la defensa de las tierras comunales de mapuche, quéchuas, aymaras y rapanui, abriéndolas a la fragmentación y la especulación inmobiliaria.

Por otro lado, la Comisión de Tierras determinó contactarse con las distintas bancadas de la Cámara para que se inicie una Comisión Investigadora en torno a la situación del subsecretario del Interior.

El contraste dentro de la Conadi era esperable. Sáenz es un funcionario subrogante no indígena designado por el gobierno de Sebastián Piñera, mientras que la Comisión de Tierras está integrada por siete representantes de diversos pueblos indígenas, quienes representan a sus propias comunidades.

Además en esto hay un conflicto respeto de la legítima autoridad. Mientras que los de la Comisión fueron electos democráticamente por sus bases, Sáenz sólo ocupa la subrogancia del cargo desde noviembre, después de la renuncia de Jorge Retamal, quien lo hizo pocos días después del asesinato de Camilo Catrillanca, sin que la Conadi tenga hasta hoy un director titular.

El gobierno no puede designar uno a dedo actualmente, puesto que ahora la elección del puesto es mediante concurso de Alta Dirección Pública, proceso que aún está evaluando a los cerca de 200 postulantes.

Las palabras de la Comisión de Tierras

“Es una situación que nosotros como representantes no podíamos dejar pasar, por lo mismo la analizamos. Creemos que esto viene a transgredir lo que estipula la Ley Indígena en uno de sus artículos principales. A nuestro juicio hay una ilegalidad en lo de Ubilla, porque esta tierra es indígena, por lo que no podría haberla comprado, la ley es explícita en que estas tierras son intransferibles”, dice Millalén a INTERFERENCIA.

La situación es compleja para Sáenz y también para el fiscal nacional subrogante de la Conadi, José González, quienes en su cargo deben acreditar que la tierra no es indígena pese a que dentro de los registros del mismo organismo figura como tal (tal como lo muestra la imagen a continuación).

Además, la liquidación de la sociedad conyugal no constituye la pérdida de la calidad indígena de la tierra, pues la mujer que las vendió es considerada indígena, en tanto estaba casada con mapuche a la fecha de la compraventa, tal como revela este reportaje de INTERFERENCIA.

Esta no fue la única acción que surgió durante el martes. La diputada mapuche, Emilia Nuyado (PS), por su parte envió un oficio al Ministerio de Desarrollo Social y al Consejo de Defensa del Estado, solicitando un pronunciamiento sobre la situación.

El lunes la congresista ya había instado a las demás bancadas de la oposición a conformar una comisión investigadora que revise las transferencias fraudulentas de terrenos indígenas, incluyendo en esto el caso de Rodrigo Ubilla.