A cuatro años de iniciada la indagatoria del denominado caso Penta, que destapó el financiamiento irregular de campañas políticas en Chile, la fiscalía, tras el cierre de la investigación y a más de un año de la reapertura, presentó ayer una nueva acusación ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

Según consignó El Mercurio, entre los políticos que figuran en esta nueva acusación -que incluye en total a 22 personas naturales y cuatro personas jurídicas-, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, y el jefe de Alta Complejidad de la misma jurisdicción, Felipe Sepúlveda, solicitaron una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo para el ex ministro de Minería Laurence Golborne y el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, por delitos tributarios.

Para ambos se pide, además, el pago de multas de 40 UTA (cerca de $23 millones). La asesora del ex jefe comunal Carmen Luz de Castro arriesga tres años y un día, más multa de 20 UTA. Mientras que el ex diputado UDI Felipe De Mussy, de 541 días, por idénticos ilícitos.

En el caso de Verónica Méndez y María de la Luz Chadwick, esposas de los dueños del holding, Carlos Delano y Carlos Lavín, respectivamente, la fiscalía pide cuatro años de presidio más multa de 40 UTA como autoras de delitos tributarios en carácter reiterado.

Por su parte, el ex gerente de Bancard Santiago Valdés -respecto de quien el martes pasado el tribunal rechazó su sobreseimiento definitivo de la causa- arriesga también cuatro años de presidio menor en su grado máximo, 40 UTA y el pago de 300% del valor del tributo eludido por delitos tributarios. En caso de haber juicio oral, la fiscalía pidió, además, citar 185 testigos a la instancia judicial, entre ellos, al Presidente de la República, Sebastián Piñera, “quien depondrá sobre los hechos materia de la acusación” en relación con Valdés.