La Sala de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime -con 149 votos a favor- un proyecto que endurece, a través de una modificación del Código Penal, las sanciones por agresiones a funcionarios de la educación y de la salud.

La iniciativa reconoce un estatus de autoridad de estos trabajadores y, por consiguiente, eleva las sanciones penales en casos de provocarles lesiones, tal como ocurre con otras autoridades como carabineros, fiscales, etcétera.

El texto fue despachado al Senado y su impulsor, el diputado Mario Venegas (DC), espera se le dé urgencia, ya que el Gobierno se comprometió a aquello a través de los ministerios de Salud y Justicia, sostuvo.

En concreto, la propuesta parlamentaria busca castigar al que hiera, golpee o maltrate de obra a un funcionario o trabajador de un servicio de salud, o a un docente, personal asistente de la educación o manipuladoras de alimentos que presten servicios en establecimientos educacionales pre-básicos, básico y medio, en instituciones reconocidas por el Estado, en el ejercicio propio de su cargo, o con ocasión de él.

El proyecto impone una pena de presidio mayor en su grado medio (desde 10 años y un día a 15 años) si, debido a las lesiones, el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.

Castiga con presidio menor en su grado medio a máximo (desde 541 días a cinco años) si las lesiones producen al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días; y con presidio menor en grado mínimo a medio (desde 61 días a tres años y un día) si le causa lesiones menos graves.

El texto también señala que se multará de11 a 20 UTM o con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad si la agresión ocasiona lesiones leves o no produce daño alguno.