La Comisión de Seguridad Ciudadana recibió a representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, quienes expresaron su preocupación por el considerable aumento de la delincuencia. Al encuentro también asistió la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

Con cifras en mano, el vocero de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Jorge Araya, informó a la Comisión de Seguridad Ciudadana sobre los estudios y encuestas realizadas por diversos organismos públicos y privados, que demuestran que entre los años 2013 a 2017 existe una permanente y creciente victimización ciudadana ante la delincuencia.

Según comentó Araya, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), que se realiza sobre un universo de más de 27.000 viviendas, “refleja que entre los años 2013 y 2017 existe una constante percepción de inseguridad en la población. De cada cuatro personas encuestadas cinco dicen que la delincuencia aumentó”.

A ello, el vocero de la ACHM sumó los datos de la Fundación Paz Ciudadana, que indican que durante los últimos seis meses, un 39,5% de los encuestados dicen haber sido víctima de robo o intento de robo. La Asociación culpa a la Dirección de Presupuestos (Dipres) de estos porcentajes que van en aumento en contraste con la disminución de los recursos para este ítem durante los últimos años.

Jorge Araya puntualizó que, sobre los programas de seguridad ciudadana, la Dipres ha realizado evaluaciones de forma procedimental, sin tomar en cuenta su impacto, lo que afecta profundamente los resultados.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, hizo un recorrido por los presupuestos, desde el 2013 a la fecha, destacándose en su informe que durante el 2017 fueron entregados 39 mil millones de pesos; el 2018 se llegó a 32 mil millones; y se espera alcanzar en 2019 los 35 mil millones de pesos.

En este escenario, el diputado Daniel Verdessi (DC) dijo que se compromete a trabajar directamente con la subsecretaria Martorell. “Creo que es indispensable subir el presupuesto, especialmente el de la prevención, de 35 mil a 60 mil millones de pesos”, planteó.

Por su parte, el diputado Mario Desbordes (RN) calificó el informe sobre programas de seguridad ciudadana, tanto de la Dipres como de la Contraloría General de la República, como “lapidarios”. “Lo que viene ahora es ver cómo corregimos eso para que los municipios reciban nuevamente muchos recursos, pero que estos se utilicen bien y que su evaluación sea de manera objetiva”, acotó.

Coincidió con la postura de la Subsecretaría, en el marco que no este organismo no puede ser solo trasferir recursos a los municipios, sino que también debe prepararlos para hacer los proyectos.

Finalmente, el parlamentario dijo que exigirán que la Dipres sea muy cautelosa a la hora de evaluar, entregar y fiscalizar los recursos públicos.