El conflicto por las desvinculaciones en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valdivia no apareció ahora. Ya había sido denunciado por el Colegio de Profesores y recogido por medios regionales a comienzos de enero. Lo nuevo es que hoy existe una respuesta oficial, escrita y pública, enviada por el propio SLEP a la Comisión de Educación de la Cámara: el Ordinario N° 405, firmado por el director ejecutivo Juan Carlos Durán García e incorporado en la cuenta de la última sesión de la Comisión de Educación del período 2022-2026. El oficio responde a una solicitud parlamentaria para explicar las razones de los “despidos masivos” de asistentes de la educación y, en caso de sobredotación, el coeficiente técnico aplicado para determinarla.
Las cifras que entrega el documento son estas: 190 docentes con no renovación completa o supresión de contrato, más 9 ajustes parciales. En asistentes de la educación, 102 no renovaciones o supresiones totales. La mayor parte del recorte se concentra en Valdivia: 107 docentes y 62 asistentes. El SLEP, que administra 179 establecimientos en 8 comunas de la región, sostiene que la revisión se hizo caso a caso, establecimiento por establecimiento, considerando matrícula efectiva, niveles impartidos, organización curricular, continuidad de programas y necesidades de cada comunidad educativa.
El punto central de la defensa institucional es que no se trató de despidos “masivos ni arbitrarios”, sino de ajustes técnicos de dotación. Entre las razones esgrimidas aparecen la caída de matrícula, dotaciones históricas que no se habían ajustado a tiempo, cambios en la oferta educativa y variaciones en programas como el PIE. El oficio añade que no existe un coeficiente técnico único y transversal para todos los cargos.
Esa explicación es considerada insuficiente por el presidente regional del Colegio de Profesores, Javier Martínez. Según dijo a Aquí Los Ríos, el recorte inicial era mayor, pero se redujo tras gestiones gremiales y la aplicación de la Ley de Titularidad aprobada en enero. “Cuando supimos la nómina inicial, obviamente tomamos acciones y se fue reduciendo la cantidad de despidos“, afirmó Martínez. A fines de enero, agregó, se logró además excluir de la nómina de no renovados a docentes que habían ingresado en 2022, lo que permitió “retener un número importante de profesores“.
Martínez también relativizó que el ajuste pueda explicarse solo como una decisión técnica del SLEP. Aseguró que parte importante del problema viene de una reducción de 2.700 horas impuesta por decreto para la provincia de Valdivia, lo que obligó a ejecutar recortes. “Hay una merma importante, pero que vino dada desde la Ley de Presupuesto“, sostuvo. A su juicio, el caso deja a la vista un problema que nadie ha querido abordar: la ausencia de una discusión seria sobre financiamiento basal para la educación pública, una omisión que, señaló, ha sido transversal a distintos gobiernos y al Parlamento.