La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó el 26 de septiembre un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra 11 empresas de transporte público urbano de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, operadoras de las 10 líneas de buses y taxi-buses de dichas comunas.

La FNE acusó a dichas empresas de celebrar y ejecutar un acuerdo entre los años 2003 y 2017 para limitar la cantidad máxima de buses y taxi-buses de su flota, restringiendo, impidiendo y/o entorpeciendo la libre competencia en el mercado del transporte público urbano de pasajeros en Temuco y Padre Las Casas.

Por ello, la Fiscalía solicitó al TDLC que imponga a cada requerida una multa, que fluctúa entre las 50 y 220 Unidades Tributarias Anuales (UTA, esto es entre $ 29 millones y $ 126 millones), totalizando 1.870 UTA, equivalentes a $ 1.075 millones.

Además, la FNE pidió al TDLC que ordene a las empresas elaborar e implementar un Manual o Código Interno con el objeto de adoptar medidas tendientes a desincentivar prácticas que limiten la competencia entre las líneas.

La investigación comenzó luego que un particular denunciara prácticas posiblemente colusivas en el transporte público urbano de pasajeros en Temuco y sus alrededores. Esta indagatoria da cuenta de que las requeridas suscribieron ante notario tres protocolos sucesivos para limitar la cantidad máxima de buses de sus respectivas flotas: el primero en febrero de 2003; el segundo en febrero de 2008; y el tercero en diciembre de 2012.

De acuerdo a la Fiscalía, el acuerdo colusivo ha dañado a los usuarios del transporte público en las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Lo anterior, porque limitó la frecuencia con que pasan los buses, generado mayores tiempos de espera y tendiendo a reducir la competencia en precios en el mercado.

Asimismo, la FNE sostiene que el acuerdo colusivo restringió la posibilidad ofrecer nuevos recorridos en las localidades afectadas, que han experimentado un gran crecimiento demográfico en los quince años de duración del acuerdo.

“El transporte público de pasajeros ha sido objeto de la acción permanente de la FNE y estamos constantemente monitoreando cómo se comportan las empresas de este rubro en todo el país. Sabemos que la movilización es un gasto relevante para el presupuesto familiar y seguiremos fiscalizando para que se cumpla con la normativa de libre competencia”, aseguró el Fiscal Nacional Económico (S) Mario Ybar.

Esta es la octava vez, desde el año 2007, que la FNE presenta ante el TDLC un requerimiento contra empresas de buses de transporte público. Anteriormente acusó por colusión a empresas que operan en Osorno, Talca, Santiago – Curacaví – Lo Vásquez, Santiago – Cartagena, Valdivia y Copiapó – Caldera, además requirió a empresas que están presente en los terminales de Valparaíso, La Serena, Coquimbo y Antofagasta.

En todos estos casos las compañías involucradas fueron condenadas con multas que totalizan casi 5.600 UTA, equivalentes a poco más de $ 3.200 millones actuales.